Tras la aprobación de la reforma de la ley de alquileres, se plantea la pregunta de qué esperar en el mercado inmobiliario. En una sesión extensa, la Cámara de Diputados dio el visto bueno a la modificación de la Ley de Alquileres propuesta por el oficialismo en el Senado. Las novedades incluyen contratos de tres años, ajustes basados en el índice Casa Propia en lugar del Índice de Contrato de Locación (ICL) del Banco Central (BCRA), incrementos semestrales, la prohibición de publicar propiedades en dólares y la obligatoriedad de realizar acuerdos en moneda nacional.

Esta reforma tiene como objetivo calibrar el mercado de alquileres, que, desde la promulgación de la ley en junio de 2020, ha enfrentado una disminución en la oferta, aumentos significativos y contratos dolarizados. En el contexto de una aceleración inflacionaria en Argentina, que se ha acentuado debido a la incertidumbre política durante los periodos electorales, la situación se ha vuelto aún más compleja.

Un ejemplo de esta complejidad se refleja en el aumento de los alquileres en septiembre, que alcanzó el 13.4% en comparación con la inflación del 12.7%, según Zonaprop.

En este escenario, surge la interrogante sobre las expectativas del mercado respecto a la nueva reforma y su posible impacto. La organización Inquilinos Agrupados ha apoyado la ley desde sus inicios y considera que la reforma es un paso en la dirección correcta. La adopción de ajustes semestrales y el uso del índice Casa Propia para la actualización se ven como medidas positivas en comparación con la posibilidad de contratos de dos años con ajustes trimestrales propuesta por Juntos por el Cambio.

Por otro lado, algunos candidatos electorales, como Javier Milei y Patricia Bullrich, han expresado su desacuerdo con la nueva ley y han manifestado su intención de derogarla en caso de ganar las elecciones. Esto plantea incertidumbre en el mercado, ya que algunos propietarios pospondrían la renovación o firma de contratos hasta después de las elecciones para evaluar el resultado.

La prohibición de contratos en dólares también ha generado debate, ya que algunos argumentan que reducirá la oferta y fomentará la informalidad en los alquileres debido a la incertidumbre económica y la inflación.

La reforma de la Ley de Alquileres introduce cambios significativos en el mercado, pero la incertidumbre política y la posibilidad de cambios en la legislación futura plantean desafíos y oportunidades para propietarios e inquilinos. La fecha de entrada en vigencia de la reforma se espera a fines de octubre o principios de noviembre, dependiendo de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo.